Contribución de un economista político al Ateneo de Málaga por Antonio Manuel Roldán Báez


Antonio Manuel Roldán BáezProfesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga





España se encuentra atrapada hoy día en una situación política, económica y social compleja, que resulta muy desfavorable para el bienestar de la mayoría de su población: las clases medias y las clases populares.
Sin embargo, resulta paradójico que dicho estado de cosas resulte satisfactorio para una elite privilegiada, o clase alta, que ve acrecentar su riqueza relativa, a la par que su influencia en el ejercicio del poder, en sus diversas manifestaciones.
Es cierto que una parte del malestar social prevaleciente está vinculado a una crisis financiera global que ha puesto al borde de la quiebra al sistema financiero capitalista, tras la caída de Lehman Brothers en el 2008. Y que ésta desembocó a su vez en una crisis económica de dramáticas consecuencias para el bienestar de los trabajadores, al acrecentarse el problema del paro en un contexto de recesión. Y que la dimensión de ambas crisis es solo comparable a la Gran Depresión registrada en 1929.
Pero también es cierto que ambas crisis tienen responsables inmediatos, que no solo no han asumido sus propias responsabilidades en el desastre financiero y económico al que nos han conducido, sino que han trasladado los costes sociales derivados de su propia negligencia o beneficio personal (amparados en la previa desregulación pública de los mercados financieros), sobre el resto del conjunto de la sociedad.
A ello habría que añadir los efectos derivados de la política macroeconómica europea, basada en el principio de la austeridad, y que ha sido impulsada desde las principales instituciones comunitarias. Dicha política de austeridad viene avalada por la ideología neoliberal, y está cimentada en la supuesta eficacia auto-reguladora de la “mano invisible” del mercado. Curiosamente, en Estados Unidos, la receta que se está aplicando para combatir la recesión y el desempleo es, exactamente, la contraria: una combinación de políticas fiscal y monetaria expansiva.
Entre los factores que han desencadenado la crisis financiera, podemos señalar a los siguientes:
•La mayor rentabilidad de la inversión financiera, frente a la inversión productiva (que es lageneradora de riqueza social, y de nuevos puestos de trabajo). La actividad productiva ha sido desplazada por la especulación financiera, y hacía este sector se han orientado importantes recursos del sistema. La especulación se lleva a cabo mediante la negociación de alta frecuencia de valores, por medios electrónicos.
•El enorme poder alcanzado por la banca privada, que dispone de un dominio esencial: lacapacidad de generar dinero bancario, mediante la expansión múltiple de los depósitos y del crédito (y por lo tanto, de la deuda). La búsqueda del lucro privado de la banca ha conducido, de un modo inexorable, a una enorme expansión de los pasivos financieros (deuda) de los agentes privados, primero; y de los Estados, después.
Ahora bien, bajo el entorno de una economía de libre mercado, no tiene sentido que existan unas instituciones financieras con tamaño bastante como para poder provocar la quiebra de un Estado.
O para restringir la competencia efectiva en el mercado, de facto. O para que puedan llegar a imponer sus condiciones de política económica a unos Gobiernos democráticamente elegidos.
Tampoco está justificado el apoyo público al sistema financiero, con cargo a unos presupuestos públicos nutridos con las aportaciones de los contribuyentes, en la medida en que estos no reciben dividendos cuando aquéllos obtienen beneficios. Y en la medida en que no se presta el mismo apoyo público a la banca, que al resto de los sectores productivos, Por lo tanto, la competencia efectiva en el mercado ha de dictar qué empresas son eficientes, y por ello se mantienen en el mercado, y cuáles no, por lo que a fin de cuentas, terminarán siendo expulsadas del mismo. Y este principio general debería incluir a la banca. En su caso, el apoyo público debería estar limitado a respaldar a los depositantes, hasta un cierto límite por cuenta bancaria y entidad; pero no a los propietarios o accionistas, que deben exigir la rendición de cuentas a sus gestores, y asumir la quita en caso de gestión incompetente.
• La imprudencia de los ejecutivos y administradores de ciertas entidades bancarias y financieras, especialmente en el segmento de la banca de inversión, al haber asumido unos riesgos excesivos en cierto tipo de operaciones especulativas. Esta especulación característica de la economía capitalista de los últimos años, la ha transformado en una especie de “economía de casino”. De ese modo, la avaricia en la búsqueda de los máximos beneficios a corto plazo ha llevado al sistema financiero capitalista, así como a nuestras sociedades, a un callejón sin salida.
• La separación efectiva entre la propiedad –los accionistas- y el control o dirección de los bancos, lo cual ha derivado en que los gestores prefieran alcanzar sus propios objetivos personales, antes que los de las entidades corporativas para las que supuestamente trabajan. Ello explica el escandaloso reparto de prebendas autoasignadas de todo tipo (sueldos astronómicos, dietas, planes de stock-options, paracaídas dorados o indemnizaciones millonarias en caso de despido improcedente, etc.) entre un selecto círculo de ejecutivos financieros, a pesar de que en ocasiones condujeron a sus entidades a la quiebra. O que incluso pretendan mantenerlas, pese a ser rescatadas algunas de ellas, con cargo a los presupuestos públicos.
• El apalancamiento desmesurado de los hogares, de las empresas no financieras, y de las propias instituciones financieras, durante la anterior fase expansiva del ciclo económico. El crecimiento de la deuda registrado en España, entre 2000 y 2008, fue equivalente al 157% del PIB. Sin embargo, la composición sectorial de la deuda era mayoritariamente privada en el 2008. Del total de la deuda del país (equivalente al 343% del PIB), al Estado le correspondía tan solo una deuda igual al 47% del PIB. A las empresas no financieras, el 136%. A los hogares, el 85%. Y a las entidades financieras, el 75% restante.
El volumen de la deuda pública en España llegó a su nivel mínimo, el 37% del PIB, en el año 2007. No obstante, se prevé que, para el año 2015, dicho nivel alcanzará el 100% del PIB. Ello se debe en parte, al juego de los estabilizadores automáticos (en recesión se ingresan menos recursos públicos, pero también se gasta más, como sucede con las prestaciones de desempleo). Pero también, como consecuencia del aval público otorgado a la deuda privada de la banca española, como garantía exigida por la UE a España para poder otorgarle el rescate financiero, efectuado por importe de 100.000 millones de euros.
Como nos advierte Paul Krugman, España y otros países europeos están llevando a cabo una política de “socialismo amargo”. El Estado apoya más a los más poderosos, con recursos y 2
avales, en detrimento del bienestar de los más vulnerables (al aplicarse recortes públicos equivalentes en sanidad pública, en educación pública, en dependencia, en desempleo, etc.).
• La creciente opacidad, o falta de transparencia de los activos y derivados financieros, debido a su complejidad y sofisticación. En el caso de los llamados activos tóxicos, o en el de las participaciones preferentes, parece ser que estaban concebidos para conseguir liquidez a la banca a toda costa, incluyendo la posibilidad de estafar a sus propios clientes.
• La corrupción de las agencias de calificación de riesgos, que han actuado simultáneamente como jueces y parte a la hora de calificar activos, entidades, e incluso Estados.
• El fracaso de los bancos centrales (en nuestro ámbito particular: del Banco Central Europeo y del Banco de España) en su función básica de supervisión del sistema financiero. ¿Acaso no conocían las autoridades monetarias competentes la situación real de nuestros bancos y cajas de ahorros? ¿No anticiparon los riesgos derivados de la apuesta casi en exclusiva por el “ladrillo”, efectuada por numerosas entidades?
• La quiebra moral de las clases políticas dirigentes, por no exigir responsabilidades a los ejecutivos y gestores causantes de la crisis financiera, primero; y por trasladar la carga del rescate financiero a los contribuyentes, después, a costa de sacrificar las prestaciones sociales.
• La morosidad creciente de la banca y la necesidad de dotar nuevas provisiones bancarias, como secuelas financieras derivadas de la crisis económica.
Todo ello se ha traducido en un clima de desconfianza generalizada, tanto dentro como fuera del propio sistema financiero, lo cual ha contribuido también a cerrar el grifo del crédito hacia la economía productiva y a los hogares, en primer lugar, y a los Gobiernos, después. Pero en la crisis económica posterior también han coadyuvado otros factores relevantes:
• Un clima de confianza y expectativas empresariales muy desfavorable.
• La formulación de unas políticas fiscales restrictivas, basada en el principio de la austeridad, que ha sido impuesto desde arriba por instituciones como el Bundesbank, el Banco Central Europeo, o la Comisión Europea, a los Gobiernos periféricos del sur de Europa. El resultado de tales políticas de austeridad ha sido el agravamiento de la recesión económica, con el consiguiente aumento del desempleo, así como el retraso sine die de la recuperación.
• Unas legislaciones impositivas regresivas, ineficaces e injustas, que posibilitan pesadas cargas sobre las rentas del trabajo, pero que resultan livianas sobre las rentas del capital (por ejemplo, el 92% de los rendimientos del IRPF en España proceden de las rentas del trabajo), y que acentúan la desigualdad al concentrarse las subidas de tipos en los impuestos indirectos, tales como el IVA.
• La existencia de unos niveles de fraude y de evasión fiscal incompatibles con el ideal de justicia tributaria, al otorgarse un trato de favor a magnates y a empresas transnacionales, mediante diversos procedimientos: paraísos fiscales, legislaciones fiscales incompletas que permiten la “ingeniería financiera”, amnistías fiscales recurrentes, etc. La pérdida recaudatoria en este renglón se estima entre 70.000 y 80.000 millones de euros anuales en España. Si se pudiera disponer de estas contribuciones fiscales –procedentes de aquellos que precisamente tienen una mayor capacidad económica-, no habría problemas fiscales ni presupuestarios relativos al déficit público, o a la deuda pública, en nuestro país.
• El cambio en el objetivo prioritario de la política económica: Ya ni se habla de políticas de crecimiento para crear riqueza, o para tratar de alcanzar el pleno empleo. Ni de corregir las desigualdades flagrantes originadas en el mercado, mediante políticas redistributivas, Ahora de lo que se trata es de domar a la inflación, mediante la corrección de los déficit públicos “excesivos” (provocados, en parte, por el impacto de la crisis económica en las cuentas públicas; pero también, por la considerable magnitud del fraude fiscal, y por la socialización de las pérdidas derivada del rescate bancario).
Pero sobre todo, de lo que se trata es de garantizar el pago de las deudas contraídas. La última reforma constitucional en España, decidida por dos personas, y que modificó el artículo 135 de nuestra carta magna, va en ese sentido: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta…”.
• El recorte permanente de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, implícito en el desmantelamiento del Estado del Bienestar (o Estado de Justicia, como nos enseña Adela Cortina que deberíamos denominarlo).
• La receta neoliberal aplicada impone ahora “más mercado” y “menos Estado”. Y tiene diversos ingredientes: desregulaciones, privatizaciones, recortes en las políticas sociales (sanidad, pensiones, educación, dependencia, desempleo), reformas estructurales…
Entre estas últimas se encuentran las reformas laborales. Su propósito es flexibilizar al mercado de trabajo (¡y a los trabajadores!), mediante el recorte de los salarios, la reducción de los costes de despido improcedente, junto a la oferta de nuevos contratos laborales precarios y eventuales. Pero los hechos demuestran la ineficacia de esta receta, que parece ser la panacea para los gobiernos conservadores.
• La presencia de un desempleo masivo, que se concentra sobre todo en los más jóvenes; la creciente precariedad laboral, y el recorte permanente de los salarios (tanto de los salarios directos; como de los indirectos, vinculados a las prestaciones sociales) están empobreciendo de un modo acelerado a amplias capas sociales, aquéllas que dependen en exclusiva de la venta de su fuerza de trabajo. En el mercado de trabajo español apreciamos hoy día unas tendencias alarmantes. Continúa aumentando el paro hasta unos niveles intolerables, y permanece latente la sangría de la destrucción de empleo.
Según el INE (EPA – Cuarto trimestre de 2012), estamos soportando un nivel de paro masivo, sin parangón en la OCDE, que afecta a 5.965.400 de personas que desean trabajar, pero que no consiguen un puesto de trabajo digno. En el último año, la cifra de desempleados se incrementó en 691.700 personas, subiendo así la tasa de paro hasta el 26,02% de la población activa.
- Los hogares con todos sus activos en paro asciende a 1.833.700, tras aumentar en 258.700 durante el último año.
- La población extranjera muestra una tasa de paro (36,53%) superior en 12,3 puntos a la de la población española (24,23%).
- Por comunidades autónomas, los mayores incrementos anuales del desempleo se registraron en Andalucía (194.100 parados más), Cataluña (109.700) y Comunidad Valenciana (58.800).
- El proceso de destrucción de empleo no se ha detenido aún en nuestra economía, desde el inicio de la crisis. La ocupación bajó en 363.300 personas en el último trimestre de 2012; y en 850.500 personas (569.000 hombres y 281.500 mujeres) a lo largo del último año. La cifra de ocupados se ha visto reducida hasta los 16.957.100 de personas.
- El empleo en el sector público se ha recortado aún más (–6,98%) que en el sector privado (-4,30%), en el último año, como consecuencia de las políticas de ajuste que también afectaron al personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
- El número de asalariados se ha reducido en 903.700 en un año, mientras que los trabajadores por cuenta propia tan solo aumentaron en 53.300.
Pero las dificultades laborales son aún mayores para los trabajadores jóvenes. Según Eurostat (2013), la tasa de paro juvenil registrada en España fue del 53,2% en el 2012. Es la segunda cifra más elevada dentro de la UE-27, tras Grecia (con un 55,4%).
- El paro juvenil se ha triplicado en nuestro país desde el inicio de las crisis financiera y económica, al pasar del 18,2% en el 2007, al 53,2% en el 2012.
- Mientras tanto, la media comunitaria se situó en el 22,8%, siendo Alemania (con un 8,1%), la economía que registra la menor cifra de paro entre sus jóvenes, en el seno de la UE-27.
El problema de política es que el desempleo actual no tiene su origen en el mercado de trabajo, como lo demuestra el hecho de que en España, la tasa de paro estaba situada en torno al 8% de la población activa, a mediados del año 2007, con una legislación laboral mucho más “rígida” que la actual (tras dos reformas laborales).
Sino más bien, el origen del problema del paro reside en el mercado de bienes y servicios, a causa de la fuerte caída experimentada en la demanda interna (esto es, la suma del gasto en consumo final de los hogares, y del gasto en inversión de las empresas, o formación bruta de capital), junto a los referidos recortes en el gasto público. En ese contexto, los recortes de salarios resultarían hasta contraproducentes, dado que los salarios no solo constituyen un coste de producción (los costes laborales), sino que también son un componente de la demanda agregada: a mayores salarios, mayor gasto en consumo final, y mayor demanda. Esta mayor demanda agregada tiraría a su vez hacia arriba de la producción y del empleo, iniciando un círculo virtuoso.
• Junto a ello, debe remarcarse que el diseño institucional de la Unión Europea en materia económica resulta aún incompleto, y esto es un elemento distorsionador para la política macroeconómica comunitaria. Tenemos un mercado interior, un arancel exterior común, y una política monetaria única para 17 países, dentro de la UE-27. Ahora bien:
- ¿Cuándo se va a avanzar definitivamente hacia la política fiscal única? ¿Por qué hay un atasco político en esta dirección, si podría evitarse la sangría de la especulación contra los países periféricos del sur de Europa, a partir de sus diferenciales de interés con el bono alemán, y las primas de riesgo? ¿Por qué no se apostó en su momento por los eurobonos?
- ¿Cuándo se aprobará la política social y laboral única?
- En un contexto de recesión económica que asola a los países del sur de Europa, ¿por qué razón no se diseña un plan de crecimiento económico impulsado por los países del Norte, destinado a crear empleo en una periferia asolada por la lacra del paro masivo, que discrimina sobre todo a los jóvenes?
- Dada la imposibilidad de devaluar nuestra moneda, al estar integrados en la moneda común, el euro, y en lugar de apostarse por la deflación salarial (el recorte permanente en los salarios internos, como vía para ganar competitividad) en los países del Sur, ¿por qué no se elevan, alternativamente, los salarios en los países del Norte, para tirar de ese modo de la demanda tanto de los países del centro, como de los periféricos?
Toda política macroeconómica ha de pretender ser eficaz, evitando el mayor de los despilfarros posibles: el desempleo masivo. Pero también ha de ser equitativa, favoreciendo un reparto de las rentas equilibrado, al igual que de los sacrificios o cargas que se deriven de la actividad económica, entre los diferentes individuos y grupos o clases sociales.
Por ello reclamamos un giro de la política económica, que tiene que ir dirigida a rescatar a los ciudadanos, y no a la banca y al mundo de los grandes negocios.
Una de la más importantes secuelas de las crisis ha sido el aumento de la inequidad, esto es, de la distancia entre los más ricos y los más pobres, El logro de una mayor equidad no es solo un asunto de justicia, sino un factor de cohesión y estabilidad social, y que además, constituye un poderoso incentivo para el desarrollo humano y económico.
La inequidad, entendida como el número de veces que el ingreso medio del 20% más rico de la población supera al del 20% de la población más pobre, ha aumentado en España de 5,3 veces en 2007, al 6,9 en 2011. Mientras tanto, este fuerte incremento contrasta con el de la media de la Unión Europea, que pasó de 4,9 veces en 2007, al 5,0 en 2010 (Unicef, 2012).
El aumento del desempleo, sobre todo del juvenil, y el recorte de los salarios, junto a los factores fiscales señalados arriba, están contribuyendo a esa ampliación del empobrecimiento.
Por ello, el problema más acuciante en España no es el desempleo (esto es, la pérdida de unos puestos de trabajo creados con antelación), sino el “no empleo” (o desempleo marxiano), originado por la insuficiente dotación de medios de producción o de capital, de modo que las inversiones productivas resultan ser insuficientes para absorber a la fuerza de trabajo existente.
La mejor política social posible es aquella dirigida a crear empleo y oportunidades a los emprendedores. Este debería ser el objetivo prioritario de la política económica, a todos los niveles de gobierno. Un plan de crecimiento económico, adoptado al nivel de la Unión Europea, resulta imprescindible en el contexto actual de recesión para poder incorporar a los jóvenes formados en nuestros centros universitarios o de formación profesional, al mundo laboral, dentro de nuestro país. No podemos incurrir en el grave error de costear la formación de nuestros jóvenes, para que al final tengan que emigrar de modo forzoso al resto del mundo, y ser productivos en otros países a un coste de formación cero para el país de acogida, además de renunciarse al retorno de sus capacidades productivas. Y también, para crear o mantener la ocupación para la mayor parte de la población activa.
Los requerimientos de austeridad impuestos a la periferia del sur, a modo de penitencia por el dispendio y la alegría en el gasto (¡fiesta, fiesta!) del pasado más reciente, por parte de los países del Norte, implican un sufrimiento humano incompatible con el humanismo que caracterizó al progreso de Europa a lo largo de la historia.
La fijación como objetivo de una reducción draconiana del déficit presupuestario, en un contexto de recesión económica con paro masivo, es inconsistente con la racionalidad de la teoría económica. Nada impide, desde un punto de vista técnico, un ritmo de ajuste presupuestario más suave y prolongado en el tiempo, para poder facilitarse una incipiente recuperación de la actividad productiva y del empleo.
Para ello también resulta imprescindible un cambio estructural en los estatutos del Banco Central Europeo, de tal modo que no quede limitada su vigilante labor al control de la inflación, sino también al apoyo de la política monetaria al logro de la estabilización macroeconómica, en materia de ocupación y empleo.
Además, sería muy importante para la salud financiera de los Estados miembros de la zona euro, que el BCE operase también como prestamista de última instancia. Esto es, que operase como un genuino banco central (tal como sucede en Estados Unidos con la Reserva Federal) en situaciones excepcionales de grave crisis financiera, como la actual. De forma que la banca privada no continúe aprovechándose de las líneas privilegiadas de financiación del BCE para hacer negocio, a costa de las necesidades de liquidez de los Estados: recibiendo préstamos del BCE al 1% de interés con una mano, para luego pedir a los Estados unos tipos superiores al 5 y al 6% con la otra mano. Esta mala práctica se ha traducido en un gigantesco drenaje de recursos desde los ciudadanos (que dejan de percibir prestaciones sociales en una cuantía equivalente a los gastos financieros que han debido asumir los Estados por esa vía) hacia la cuenta de resultados de la banca privada.
También se requiere que sean los Gobiernos los que controlen efectivamente a los mercados (¡y a los mercaderes!), al haber sido elegidos democráticamente por el pueblo. ¡Y no al contrario! Frente al poder omnímodo del mercado y a los intereses vinculados a la férrea dictadura del capital, deben anteponerse siempre los intereses de todos los ciudadanos, plasmados en un programa de gobierno democráticamente elegido.
Los Gobiernos democráticos han de respetar la soberanía popular, y defender los intereses generales del pueblo, antes que los de ningún colectivo singular, ya se trate de empresarios, banqueros, ¡o de los propios políticos! Las malas prácticas de gobierno, al igual que las prácticas de corrupción en sus diversas manifestaciones, han de ser penalizadas severamente por la ley.
Finalmente, lo más relevante es que los ciudadanos estén firmemente comprometidos, esto es, dispuestos a participar activamente en una democracia deliberativa, Por todo lo anterior, es preciso hacer un llamamiento a la acción política a toda la ciudadanía, por la defensa de un compromiso ético y social:
¡Participa en la formación de tu propio destino! ¡Que no te lo impongan otros!
¡Defiende tus derechos económicos, sociales culturales y políticos frente a las imposiciones de los poderosos!
¡Porque otra política económica y social es posible!
Málaga, 14 de abril de 2013
a_roldan@uma.es


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