IMPORTANTE LEER

Enrique de Tomás me remite el siguiente correo, que queremos compartir.

LEEDLO Y DIFUNDIDLO, POR FAVOR,  ES DE VITAL IMPORTANCIA: NUESTRO FUTURO ESTÁ EN JUEGO. QUE LA GENTE SE ENTERE.

El tema de las tasas judiciales tiene su miga, y buena parte de ella no la
están explicando en los medios. Voy a tratar de hacer algunas
puntualizaciones con las que es posible que ayuden a entender algunas
reacciones de todas las partes implicadas.

En primer lugar, el tema de las tasas como tal, es secundario; no es más que
una cortina de humo lanzada por Gallardón con dos objetivos: por una parte,
emplearlo de globo sonda para medir su fuerza y la cohesión del sector de la
Justicia, de cara a las reformas que sí le interesan y que son la segunda
razón, en medio de este ruido, la reforma de la LEJC y de la Ley del Poder
Judicial. Si ve que se le echa todo el mundo encima y la movilización es
masiva, dejará correr el tema y esperará mejor ocasión, si ve que no hay una
respuesta sólida, seguirá adelante, tanto con esto como con lo que de verdad
está cociendo este impresentable.

La reacción de cabreo total de los jueces y secretarios judiciales está
completamente justificada, lo mismo que el de los abogados. Durante el proceso de
redacción se mantuvieron reuniones con los órganos de gobierno de la
judicatura y las asociaciones profesionales; en dichas reuniones se les
informó de que las nuevas tasas serían, y cito textual: "algo testimonial,
sobre unos 50 o 60 € de incremento"; lo cual, en principio, a todos los
colectivos les pareció algo asumible. Y luego se encuentran con las
salvajadas de tasas de la 10/2012.

El "señor" ministro la publica el 20 de Noviembre, cuando juraron por activa y por
pasiva que hasta 2013 no entraría en vigor, forzando a los despachos a meter
por Decanato a todo correr cuanta demanda y querella tenían pendiente; los
Juzgados, entre el pasado día 15 y el 20, han sido un manicomio.
Como se le ha echado encima todo quisqui, rebaja la tensión dejando en suspenso las tasas
"por problemas de implantación técnica" (ni hay formularios, ni están en el sistema, ni los
funcionarios tienen los procedimientos ni manera de
implantarlas en el Minerva). En esto nunca se comenten estos errores, a
menos que haya orden desde arriba de hacerlo así; de este modo, el
Gallardón se autofabrica un vacatio legis, que queda a su entera voluntad,
mientras va viendo la reacción de la Justicia a esto. ¿Chapuza? no,
perfectamente planificado.

Los objetivos de verdad, que se van cociendo poco a poco a puerta cerrada,
son las reformas anteriormente mencionadas. De las posturas que se están
planteando, las tasas judiciales son el menor de los problemas a los que se
va a enfrentar el ciudadano. Entre otros, son los siguientes:

- Despojar al Juez Instructor de toda competencia, dejando en manos de
Fiscalía todas las diligencias de los sumarios. ¿Qué significa?, pues que el
sumario pasa de controlarlo un señor que, en teoría, es independiente, a uno
que está regido por el principio de Obediencia Jerárquica, y cuyo jefe
supremo es, ¡oh, sorpresa!, el Ministro de Justicia.

- Sustituir el Principio de Legalidad, que preside nuestro Derecho, por el
de Oportunidad. La diferencia radica en que el primero, de manera sencilla,
obliga a perseguir de oficio todo hecho que revista indicios de
criminalidad, mientras que el segundo se basa en la economía de medios, o
sea, se persigue...si compensa, o si interesa.  Como le gusta decir a cierto
Fiscal Jefe: "hay que considerar las circunstancias particulares del
caso..." que viene a decir que, dependiendo de quien sea el posible imputado
y posteriormente procesado y condenado, se investiga, o se deja pasar: "me
debes un favor de los grandes, y ya te lo cobraré..."

- Otro asunto que tienen entre manos es cambiar el sistema actual del Turno
de Oficio, pasando a licitar por concurso público dicho servicio; esto
supone la ruina de facto para miles de abogados, puesto que solamente los
grandes despachos (más "globalización")podrán reunir las condiciones para optar
a semejantes concursos. El negocio es evidente: ganas el concurso y con él,
40.000 horas de servicios por Juzgado; contratas un call center en Panamá para putear a
los pringaos de los clientes, y luego subcontratas todo a los mismos
abogados que llevaban antes el Turno, pero a precios malayos. Tú te forras,
los que te dieron el concurso, también, y el Ministro, al terminar su
periplo, de socio honorario de por vida.

- Finalmente, la guinda la quieren poner con los jueces de distrito; pero
para ello, primero tienen que colapsar totalmente la Justicia para poder
justificarlo. Básicamente, son jueces nombrados a dedo por vía política; es
parecido al Cuarto Turno, pero a lo cutre salchichero; ya los Jueces del CT
y los fiscales sustitutos suelen ser una panda de mantas paduanas; en el
caso de los de distrito, imaginaros jueces y fiscales nombrados a dedo por
el político de turno.

Todo esto es lo que tiene en mente el Gallardón, pero no por iniciativa
propia: estas medidas cuentan con el entusiasta apoyo de la clase política,
porque suponen el fin definitivo a sus problemas judiciales, y tener con la
correa bien atada al único poder que les puede hacer frente.

A armarse de paciencia, que esto va a ser duro... si lo consiguen porque nosotros seguimos sin hacer nada.

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Interesante y triste.
     
Un resumen rápido, conciso y claro de la actualidad. Por si alguien no está enterado: Como sabéis, el gobierno de España prepara una reforma de código penal.
Algunas de esas reformas en 6 puntos:
        
 1. Que un antidisturbios te pegue una paliza de muerte no es delito. Que alguien lo grabe y lo difunda sí que lo es.
 2. Que un banco te desahucie no es delito. Ocupar una sucursal bancaria para protestar por haberte desahuciado: Hasta seis meses de prisión.
 3. Cargarse la sanidad y la educación públicas no es delito. Interrumpir el transporte público: Hasta dos años de prisión.
 4. Que la policía abuse de su autoridad y emplee la violencia no es delito. Resistirse a la autoridad: Hasta cuatro años de prisión.
 5. Que los políticos agredan con sus reformas a miles de personas no es delito. Que una persona agreda a un político: Hasta seis años de prisión.
 6. Incumplir el programa electoral y mentir no es delito. Convocar manifestaciones para protestar por ello: Hasta un año de prisión.

Esto es (parte de) lo que hay, queridos amigos (y, sobre todo, queridísimas amigas).

Hala, a amarrarse los machos y hasta otra. Saludos a todos,

Enrique